El 24 de abril en la ciudad de Guatemala, se llevó a cabo un conversatorio con cinco de los seis
candidatos a ocupar el cargo de Fiscal General del Ministerio Público, quienes respondieron
preguntas puntuales y con sus respuestas dieron a conocer detalles de sus propuestas para llegar a
dirigir el Ministerio Público. Esto fue con la finalidad de que la información dada se convierta en una
herramienta útil para ejercer auditoría social a través del ejercicio de ciudadanía responsable.
Fundación Esquipulas, Me Importa Guatemala, Guatemala Sin Corrupción, Alianza por las
Reformas, La Cantina, National Democratic Institute (NDI) y Netherlands Institute for Multiparty
Democracy (NIMD); como organizaciones de la sociedad civil que velan por el fortalecimiento
democrático e institucional y la participación ciudadana activa, se han constituido en un consorcio
con la intención de dar a conocer y vincular a la población sobre el proceso, perfil y planes de trabajo
de quien dirigirá la persecución penal y el trabajo del Ministerio Público durante el próximo período.
Anaisabel Prera, Presidenta de Fundación Esquipulas, resaltó que nunca tendremos un modelo
perfecto, pero sí demandaremos que sea cada vez mejor y más justo, para garantizar la vida, la
integridad y seguridad de las personas y la lucha contra los flagelos que hoy nos determinan.
Por su parte el moderador del evento el Doctor Eduardo Nuñez de National Democratic Institute,
enfatizó el valor de crear un espacio plural y de respeto para dar a conocer las visiones de los
candidatos. El conversatorio se estructuró en cuatro rondas de preguntas en donde cada uno de los
aspirantes tuvo cuatro minutos para plantear sus puntos.
Durante la primera ronda se abarcó una pregunta general para todos los candidatos presentes en la
cual se les preguntó acerca de las propuestas más relevantes presentadas para competir por el
cargo. Las siguientes tres rondas tuvieron relación con tres ejes transversales: lucha contra la
impunidad, justicia especializada y fortalecimiento institucional y reformas al sector de justicia. Por
lo tanto, las preguntas fueron diferenciadas, construidas a partir de tres fuentes principales:
expertos, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general a través de redes sociales.
“La lucha contra la impunidad, más apoyo y respaldo al sistema de justicia, junto con esfuerzos
coordinados para combatir el crimen organizado aliado con el narcotráfico” mencionó Brenda Dery
Muñoz, entre sus propuestas principales para desempeñar el cargo.
“No hay que politizar el derecho de defensa de las personas que defienden los recursos naturales,
se requieren reglas claras acerca de la explotación, así como la generación de estudios” enfatizó
Miguel Ángel Gálvez Aguilar, en torno a la resolución de las denuncias acerca de explotación y uso
de los recursos naturales.
Édgar Estuardo Melchor puntualizó que se debe consolidar una política de persecución penal,
mecanismos adecuados que permitan llegar el sentimiento de justicia y la búsqueda de
herramientas tecnológicas que permitan ser un respaldo para plantear una función constitucional.
Acerca de la lucha contra la impunidad se refirió a que no debe existir justicia selectiva, ya que todos
los ciudadanos deben tener los mismos derechos, mencionó Gladys Verónica Ponce Mejicanos
En cuanto a la pregunta puntual dirigida a Patricia Elizabeth Gámez Barrera, acera de cómo definir
un balance entre el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en
Guatemala (Cicig), mencionó que es necesario fortalecer al MP para poder rendirle cuentas a la
sociedad, independizándolo de manera que existan sistemas capaces de llevar a cabo las
investigaciones.
Al finalizar el conversatorio, Xavier Soria, Coordinador técnico de Alianza por la Reforma dio a
conocer la importancia de enfrentar la necesidad de reformas y creación de cambios actuales ya
que ni la sociedad, ni los sistemas, ni los comisionados merecen trabajar bajo la sombra de duda
actual, pues se debe luchar por elementos del mismo que den tranquilidad, por lo tanto todo el
respaldo para quien ejerza la función de fiscal general con independencia valentía y capacidad.
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