Uno de los principales
impactos recaería sobre las familias que dependen de las remesas familiares para
cubrir alimentación, educación, salud, vivienda y otros gastos esenciales.
Mayores controles internacionales podrían encarecer o retrasar estos envíos,
afectando directamente la economía de miles de hogares guatemaltecos.
El efecto también
podría trasladarse al costo de productos y servicios. Si las empresas
importadoras y exportadoras enfrentan más trámites, comisiones más altas y
demoras en pagos internacionales, esos costos terminan impactando al consumidor
final. A esto se suma el riesgo de reducir la inversión extranjera, limitar la
llegada de nuevos proyectos productivos y afectar la generación de empleo
formal.
El proyecto de ley,
pendiente de aprobación final en el Congreso de la República, fortalecerá las
herramientas del país para prevenir y reprimir los recursos provenientes del
narcotráfico, extorsiones, terrorismo, corrupción, contrabando, tráfico de
personas u otras actividades ilícitas se mezclen con la economía formal. Su
propósito no es perseguir a quienes trabajan honradamente, prohibir el uso de
efectivo ni crear una herramienta tributaria, sino proteger al país frente al
dinero de origen criminal.
En la inauguración
participaron Juan Luis Fonseca, vicepresidente de la Asociación Bancaria de
Guatemala y gerente general de Banrural; Álvaro González Ricci, presidente de
la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala; Saulo de León Durán,
superintendente de Bancos de Guatemala; Luis Alberto Contreras, presidente del
Congreso de la República; y Juan Carlos Monroy, intendente de Verificación
Especial de la Superintendencia de Bancos.
CLADIT 2026 abrió un
espacio de análisis sobre los desafíos de Guatemala ante la prevención del
lavado de dinero, el fortalecimiento del cumplimiento y la necesidad de actuar
con urgencia. El mensaje principal fue claro: el costo de no aprobar esta ley
podría terminar afectando el bolsillo, las oportunidades y la estabilidad
económica de los guatemaltecos.
