La Asociación
Guatemalteca del Arroz (ARROZGUA) busca el apoyo del Congreso de la República
paras evitar la pérdida de empleos e incremento de la pobreza que traerá al
país la desgravación arancelaria que afectará en el año 2,023 con el Tratado de
Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (RD-
CAFTA). En una reunión realizada con la Diputada Sofía Hernández, Primera
Vicepresidenta del Congreso e integrante del bloque legislativo UCN, la
legisladora ofreció su respaldo al gremio para avanzar en el tema.
Los productores
explicaron a la congresista como el Ministerio de Economía (MINECO) y el
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) han ignorado el tema
postergando el cumplimiento del artículo
3.18 del tratado de libre comercio, el cual establece que la Comisión de
Revisión Agrícola, conformada por las autoridades, debe determinar los efectos
que traerá esta apertura del mercado, así como emitir recomendaciones para
evitar pérdidas económicas y empleos. En este sentido el resto de los países
Centroamericanos llevan la delantera a Guatemala y buscando ya proteger a sus
agricultores, como es el caso de Honduras en el que propuso congelar los
aranceles durante 10 años a Estados Unidos y República Dominicana que solicitó
que se excluya al arroz de la desgravación.
“El CAFTA en su artículo 3.18 dice que los gobierno tienen que
analizar las consecuencias del tratado y deben revisar los avances en la
Organización Mundial del Comercio (OMC) en el sentido de las ayudas directas a
los productores y ayudas directas a los países subvencionados, esto porque los
productores de Estados Unidos tienen hasta un 40% de sus ingresos que provienen
del estado, como ayuda directa a sus productores, lo cual no sucede en nuestro
país y que nos hace muy difícil competir con ellos”, expresó Sergio García, Presidente de ARROZGUA.
La Diputada Hernández
indicó que recibirá la información del sector arrocero para establecer los
primeros pasos en los que se busca el establecimiento de mesas de trabajo, así
como acciones legales y legislativas que permitan proteger a los productores.
El sector arrocero nacional
cuenta con más de 22,500 empleos directos y más de 30 mil indirectos, beneficiando
a más de 264 mil familias que dependen del cultivo. A nivel centroamericano se
cuentan con más de 62 mil arroceros, según la Federación Centroamericana del
Arroz (FECARROZ) que de perderse incrementaría la migración y pobreza.
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