La independencia y la imparcialidad son condiciones éticas y constitucionales que
deben prevalecer en el sistema de justicia guatemalteco; sin embargo, el fallo
recientemente emitido por la Corte de Constitucionalidad –CC– pone en peligro la
independencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como la
imparcialidad de los jueces, vulnerando el Estado de Derecho y la institucionalidad
de Guatemala. Ningún juez o magistrado debería conocer ni resolver expedientes donde pueda
tener un interés directo o indirecto. Toda decisión y fallo de las autoridades del país,
debe estar sujeta a lo establecido en la Constitución Política de la República de
Guatemala, por lo que toda actuación al margen de la ley, altera gravemente al
ordenamiento jurídico del país. Como ciudadanos guatemaltecos y como parte del sector privado organizado
tenemos el deber de velar por el cumplimiento de la Carta Magna; por ello, exigimos
a la Corte de Constitucionalidad y a las autoridades correspondientes, que se
apeguen a la Constitución Política de la República de Guatemala y las leyes que se
derivan de ella, haciendo que se cumpla con lo establecido en el marco jurídico del
país, garantizando así, un sistema de justicia independiente y eficaz.
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