El tiempo se agota para los productores de arroz, los plazos contemplados en el tratado de libre comercio entre Estados Unidos,Centroamérica y República Dominicana, DR-CAFTA incluyen la desgravación total de los aranceles al arroz para el año 2023, lo que perjudicaría a cientos de pequeños productores de arroz.
El mayor efecto se debe
a que cuando se ratificó dicho acuerdo por los 7 países, Estados Unidos se
comprometió a eliminar los subsidios a la producción agrícola que es
multibillonaria, sin embargo, estas prácticas desleales continúan en el
comercio. Estados unidos es uno de los exportadores más grandes a nivel mundial,
país que otorga subvenciones permanentes a sus productores por medio del Farm
Bill de hasta un 40% del total de los ingresos de los agricultores. El libre
comercio con semejantes distorsiones por subsidios no puede existir, esto solo provocará
la pérdida del cultivo del arroz.
La Asociación
Guatemalteca del Arroz -ARROZGUA-, la Gremial de Molineros de Arroz de
Guatemala –GREMARROZ, la Asociación de Productores de Arroz de Guatemala
-APAGUA- la Asociación de Pequeños y Medianos Productores de Oriente –AMEPAO, y
representantes de APAGUA Norte y APAGUA
Costa Sur,han advertido en reiteradas ocasiones la implicación que esta
situación plantea, solicitando que se cumpla con la función de la Comisión de
Revisión Agrícola, establecida en el CAFTA por el articulo 3.18, especialmente
en materia de arroz, ya que no han considerado a los sectores afectados con la
liberalización comercial, como el cultivo de arroz, que en caso de continuar el
incumplimiento, desaparecerá con estas medidas, generando un incremento de la
pobreza y las migraciones hacia Estados Unidos de América.
“El arroz es un cultivo que tiene implicaciones sociales y económicas, porque
está producido en su mayoría por pequeños productores, de comunidades con altos
niveles de pobreza y desnutrición que sin un ingreso para sus hogares, tienden a
migrar interna y externamente. Económicamente el cultivo es muy importante para
la seguridad y soberanía alimentaria del país, es el tercer grano básico más
consumido. Hay maneras de resolver esta situación y evitar matar la producción
nacional y regional por medio de la comisión de revisión agrícola del DR-CAFTA,
un foro en el cual se deben hacer los análisis pertinentes y a profundidad de
las consecuencias que traerá la liberación del arroz, dicha comisión debe hacer
recomendaciones que garanticen la supervivencia de los productores nacionales
de arroz y el Ministerio de Economía debe actuar inmediatamente”, expresó Sergio García, Presidente de Asociación
Guatemalteca del Arroz-ARROZGUA.
Ante esta situación es necesario que las autoridades del país ayuden a conservar la estabilidad económica de más de 264 mil personas que dependen de dicho cultivo y su cosecha.
“Hacemos de conocimiento público que desde el año 2018 se ha tratado de
sensibilizar a las autoridades de comercio exterior de Guatemala para que
actúen de conformidad con lo estipulado en el artículo 3.18 de El Tratado. Sin
embargo, a pesar de haber establecido la Comisión de Revisión Agrícola, en
noviembre del año 2019 con un año de retraso, la misma no ha efectuado un
análisis profundo como establece el mismo Tratado en materia agrícola y
especialmente en relación al arroz”expresó Álvaro Padilla, Presidente de la Asociación de Productores de Arroz de
Guatemala-APAGUA.
"Es claro que hay una situación de desventaja para nuestros
productores y queremos que se realice una revisión de la implementación y
operación del DR-CAFTA tanto para Guatemala como a nivel regional, así como los
efectos que la liberación puede ocasionar en el país" declaró
Elías Ramos – representante de la Asociación de Pequeños y Medianos Productores
Agrícolas de Oriente-AMEPAO.
Si el DR-CAFTA no soluciona esta situación basado en su mandato, será responsable de una Causa Estructural de la Migración más, ya que el cultivo del arroz genera empleo para 22,500 personas de forma directa y más de 30 mil empleos indirectos, beneficiando a las 264 mil personas que dependen de su cultivo, con unas 14,400 hectáreas sembradas en los departamentos de Escuintla, Suchitepéquez, San Marcos, Retalhuleu, Jutiapa, Chiquimula, Petén, Quiché, Izabal, Alta y Baja Verapaz, San Marcos y Quetzaltenango.
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