- Promoción de
la salud y experiencia internacional: aunque respaldamos la promoción de una
dieta saludable, la experiencia y análisis de legislación comparada indican que
la propuesta actual falla en alcanzar sus objetivos y, en cambio, tendría
consecuencias económicas negativas tanto para la industria como para la
población.
-
Armonización de normas y comercio regional: la
industria de alimentos y bebidas ya opera bajo normativas regionales
armonizadas. Una ley nacional de etiquetado crearía
obligaciones duplicadas para los exportadores a
Centroamérica, elevando los costos y contraviniendo acuerdos comerciales
existentes, como el RD-CAFTA y el ADA, que buscan uniformidad normativa en la
región, generando vicios de inconstitucionalidad estructurales por
jerarquía normativa.
-
Impacto económico y burocracia: la propuesta aumentaría los precios de los
alimentos al imponer impuestos por la colocación de cada sello de etiquetado,
afectando a casi todos los productos. Además, complicaría los procesos
logísticos, comerciales y administrativos
para los productores y encarecería en consecuencia la producción en Guatemala, desincentivando inversiones y poniendo también en riesgo a las pequeñas empresas.
Reafirmamos nuestro compromiso de colaborar con el Congreso y otros
actores clave para formular una legislación que fomente una alimentación
balanceada, desde una perspectiva integral y contribuya al desarrollo económico
de Guatemala.
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