Conflicitividad ilegítima le ha costo al país más de Q6.5 mil millones, 160 mil empleos directos e indirectos y 6.7 puntos del PIB

Central American Business Intelligence, CABI, presentó esta mañana los resultados del estudio “Impactos Socioeconómicos de la Conflictividad sobre el Modelo Eléctrico de Guatemala”, el cual muestra las pérdidas de ingresos que cada guatemalteco ha dejado de percibir como consecuencia de la conflictividad. Hasta ahora, cada ciudadano ha perdido Q2,400 de ingresos en su bolsillo en un período de 6 años y se estima que puede llegar hasta Q8,200 en los próximos años. De acuerdo a la investigación, la conflictividad en Guatemala ha aumentado en los últimos 5 años, afectando, como mínimo, a 4 sectores productivos formales, ocasionando pérdidas de empleos, disminución en la recaudación de impuestos y aumento de violencia en las áreas más pobres del país. Como consecuencia de esto en los últimos tres años se ha dado un deterioro en el Índice de Competitividad, donde Guatemala ocupa el puesto 84 de los 137 países medidos. La caída del país en el índice se debe en parte por un descenso en el pilar de infraestructura y la ausencia de inversión causada por la oposición sistémica y conflictividad. El retroceso es significativo en el Índice Internacional de Derecho de Propiedad calculado por Property Rights Alliance. El estudio utiliza como punto de partida los Planes de Generación y Expansión del Sistema Eléctrico (2013-2030) lanzados por el Ministerio de Energía y Minas y lo contrasta con tres escenario alternos para medir el impacto real de la conflictividad. De esta cuenta, según los datos presentados, al día de hoy los guatemaltecos en edad de trabajar han dejado de recibir 6,500 millones de quetzales y se ha perdido la oportunidad de 160 mil empleos. El total acumulado en el país es de 6.7% del PIB y el gobierno ha dejado de recibir 3,100 millones de quetzales en impuestos. Comunicado de Prensa Guatemala, 10 de octubre de 2018 www.ca-bi.com Paulo de León, Director de CABI, destacó la importancia de generar conciencia del impacto que la conflictividad ilegítima representa para el modelo eléctrico de Guatemala que, hasta ahora, ha logrado resultados concretos y demostrables en el bienestar de cada guatemalteco y en el desarrollo integral del país, como 1.8 millones más hogares conectados, es decir un 90% de la población cuenta con electricidad, y una reducción promedio del 40% en el precio de la energía que paga cada guatemalteco en su factura. “Los resultados del estudio demuestran la conflictividad sistémica le ha costado al país pérdidas millonarias que van desde un 6.7% hasta un 22.7% sobre el PIB acumulado en 18 años. De continuar así, en los próximos años podemos evidenciar un colapso total del sistema, donde si se detienen totalmente los planes de generación, transporte y distribución eléctrica, el país perderá un total acumulado de 157 mil millones de quetzales, equivalentes al 22.7% del PIB y cada guatemalteco sufrirá un incremento en el pago de su factura de electricidad. Además, los guatemaltecos en edad de trabajar dejarían de recibir en sus bolsillos un total de 10,930 millones de quetzales y la oportunidad de un millón de empleos. El gobierno dejaría de recibir 15,000 millones de quetzales en impuestos y los negocios perderían 90 mil millones de quetzales”, señaló de León. El Director de CABI también destacó que existen otros otros impactos que son difíciles de cuantificar, pero que deben tomarse en cuenta como parte de la realidad actual del país. Los costos de erosión de imagen como producto de la falta de certeza jurídica que afecta el flujo y clima de inversión extranjera y nacional, reducción de liquidez, entre otros. Los resultados recalcan la importancia de reconocer el impacto económico que tiene la conflictividad social a nivel país y que pone en riesgo la sostenibilidad del suministro para los usuarios y el desarrollo tanto directo como indirecto de otros sectores del país, así como la continuidad en los planes de inversión en materia eléctrica que están enfocados en mejorar la cobertura y calidad del servicio.