Tras la reciente aprobación del presupuesto general 2021, la Asociación de Cámaras de Comercio Binacionales (ASCABI) manifiesta su preocupación por los efectos negativos que esta decisión pueda causar al país.
El presupuesto fue aprobado de madrugada y de urgencia, sin incurrir a un análisis y diálogo debido, por lo que ASCABI manifiesta rechazo y expone:
1. La apresurada discusión del Presupuesto por el Pleno del Congreso de la República pone de manifiesto la falta de análisis del Pleno en detrimento de la obligación de discusión y análisis pormenorizada del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado establecida en la Constitución.
2. La distribución del Presupuesto General para el 2021 castiga el desarrollo económico, al asignar recursos para gastos superfluos y arbitrarios, y destinar recursos de deuda pública para gasto corriente en detrimento de las prioridades gubernamentales de garantizar a los guatemaltecos la protección de la vida y el acceso a la justicia.
3. El Presupuesto aprobado compromete la estabilidad macroeconómica del país que se ha mantenido a través del tiempo, al ser que la relación entre ingresos fiscales y deuda pública se encuentra en 314%, sobrepasando así el nivel de déficit sostenible para Guatemala. Con el presupuesto aprobado, el Estado gastará más del 50% de lo recaudado, y su destino principal serán gastos en funcionamiento y no en inversión. Esto podría agravar la calificación del riesgo país lo cual no contribuye a generar el clima de inversiones que el país necesita para la recuperación económica.
“Este actuar por parte del Legislativo envía mensajes negativos a los potenciales inversionistas que puedan tener la intención de traer capital al país, se debe buscar legislar a favor de la certeza jurídica con leyes que beneficien el crecimiento económico del país. Estamos viviendo una crisis sin precedentes, nuestras autoridades deben velar por mantener estable la economía y hasta pensar en crecimiento” expresó Juan Pablo Carrasco presidente de ASCABI.
Por lo anterior, ASCABI exhorta al Presidente de la República, ejercer de forma expedita la facultad del veto que le otorga la Constitución Política de la República de Guatemala y solicita al Congreso de la República asumir su responsabilidad y emita un presupuesto que no atente contra la economía y certeza jurídica del país antes del 30 de noviembre del año en curso.
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