Foro “Conectando Voces por los Prematuros” hace un llamado para estandarizar guías de atención e inmunización de los vulnerables

 

El Virus Respiratorio Sincitial (VRS), junto con el COVID-19 y la Influenza, han sido declarados la Triple Amenaza por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).[i] ^[ii]Por lo anterior y teniendo clara la necesidad de reorganizar los servicios de salud para que sean compatibles con el abordaje centrado en la persona, la familia y la comunidad, se realizó el foro “Conectando Voces por los Prematuros”, organizado por Fundación de Especialidades Materno Infantil (FUNDAEMI) en colaboración con AstraZeneca y la Embajada de Reino Unido en Guatemala; en el cual participaron destacados profesionales de la salud y especialistas de distintas instituciones de salud del país y otras organizaciones no gubernamentales.

El foro se realizó con el objetivo de generar un espacio de conversación sobre el impacto que han tenido enfermedades como el Virus Respiratorio Sincitial (VRS) en niños prematuros, con el objetivo de plantear y proponer medidas que ayuden a proteger a las poblaciones vulnerables y establecer estrategias orientadas al abordaje integral de este tipo de virus, para mejorar los indicadores de salud en el país. Los involucrados enfatizaron en la importancia de estandarizar las guías y protocolos de atención en todos establecimientos de salud pública, la creación de un programa de inmunizaciones en el país para la prevención de enfermedades, como lo tienen la mayoría de los países en América Latina. En complemento se hace necesario también que Guatemala cuente con una ley de inmunización, que permita tener un mejor control y registro de los procesos y los recursos disponibles.

Este virus genera infecciones respiratorias principalmente en niños menores de 2 años con factores de riesgo. Esta enfermedad representó en el año 2022 un tercio de los casos de neumonía y produjo 3.1 millones de hospitalizaciones y más de 118.000 muertes, asociadas a la neumonía, en el mundo[iii]. Es a raíz de estas cifras alarmantes que los especialistas recalcan la urgencia de una ley de inmunización en el territorio nacional, la cual podría solventarse bajo una estructura que comparta los esfuerzo y desafíos, entre el sector público y privado, lo que ayudaría a alcanzar resultados con beneficios colectivos en la salud de la población.

“Por cada dólar que se invierte en inmunización, se ahorran $16 en productividad, disminuyendo los gastos significativamente. Este es un instrumento que debería ser asequible para toda la población, como parte de la equidad social. Además, es importante iniciar en una recolección de data que ayude a tomar decisiones oportunas y concretas,” mencionó el Dr. Carlos Grazioso, especialista en infectología pediátrica.

Cuando ocurren nacimientos prematuros en familias de bajos ingresos, la mitad de los bebés nacidos a las 37 semanas de gestación (2 meses antes de llegar a término) pierden la vida por no haber recibido los cuidados hospitalarios necesarios y las atenciones para prevenir las infecciones y problemas respiratorios.[iv] Los bebés prematuros requieren de opciones de tratamientos especiales, que redirijan a una inmunización contra determinadas enfermedades, esto a través de servicios de vacunación, que garanticen el mejor desarrollo de las niños y niños del país. Sin embargo, la doctora Lorena Álvarez, representante del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), destacó que desde el 2008 el Seguro Social fue pionero en pre-inmunizar a sus pacientes prematuros, comprometidos en brindarle un esquema completo de vacunación, para evitar alguna enfermedad.

“La región de las Américas sigue siendo una de las zonas de mayor inequidad del mundo, con millones de personas sin acceso a servicios integrales de salud. La pobreza y la desigualdad siguen siendo un problema importante. El acceso equitativo a los medicamentos y otras tecnologías sanitarias sigue siendo un reto, lo cual afecta más a las personas que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad. En los lugares donde el acceso a los servicios todavía es deficiente, la mala salud puede dar como resultado la pérdida de ingresos y contribuir a un ciclo de pobreza y enfermedad de la familia y la comunidad”, mencionó Carolina Coloma, presidente de FUNDAEMI.