Cinco organizaciones de sociedad civil —Acción Ciudadana (AC), Asociación Civil Diálogos, Consejo Nacional Empresarial (CNE), Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH) e Involúcrate Guatemala ONG— junto a ciudadanos que se suscriben a título personal y que inciden en diferentes espacios como la instancia de Consejeros Delegados de la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC), presentaron hoy ante la Corte de Constitucionalidad (CC) un Amicus Curiae en defensa del Acuerdo Gubernativo 133-2024 del Ministerio de Finanzas Públicas, conocido como Proveedores Transparentes.
La Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió provisionalmente parte del artículo 09 del Acuerdo Gubernativo en mención, los cuales obligaban a las empresas a declarar, antes de junio de 2025, a sus accionistas y a las personas físicas que poseen o controlan efectivamente la entidad, ya sea de forma directa o indirecta.
El acuerdo de Proveedores Transparentes busca fortalecer la transparencia, prevenir la evasión fiscal y los delitos financieros, y combatir la corrupción en las contrataciones públicas. Además, al identificar a los beneficiarios finales —conocido como BOT por sus siglas en inglés (Beneficial Ownership Transparency)—, Guatemala avanza en el cumplimiento de sus compromisos internacionales contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, conforme a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la OCDE. El incumplimiento de estas normas podría afectar la calificación de riesgo país y generar sanciones o restricciones en mercados internacionales.
La organización Open Contracting Partnership ha señalado que la opacidad en la estructura de propiedad permite a personas obtener contratos de forma indebida y beneficia a empresas con intereses ocultos.
“En el último año, Guatemala ha dado pasos importantes para combatir la corrupción y resguardar la integridad del gasto público, incluyendo la identificación de beneficiarios finales en procesos de contratación. Por ello, desde la sociedad civil presentamos ante la CC un Amicus Curiae, con argumentos y recomendaciones de expertos nacionales e internacionales sobre cómo resolver este amparo y fortalecer las acciones de transparencia”, señaló César Vega, Coordinador de Acción Ciudadana.
La rendición de cuentas en el uso de fondos públicos exige mecanismos que aseguren que funcionarios y entidades gubernamentales respondan por sus decisiones. Ello demanda una ciudadanía activa,que fiscalice la toma de decisiones públicas.
Diálogos ha priorizado el análisis sobre las prevención de la corrupción y cómo contrarrestar sus efectos de forma integral, ejemplo de ello es una iniciativa como la de Proveedores Transparentes que busca mejorar los controles respecto a las contrataciones del Estado y conocer realmente quiénes se benefician de éstas contrataciones públicas.
“Los beneficiarios finales, son los verdaderos propietarios de las empresas que participan en contrataciones del Estado. Un beneficiario final es quien económicamente se beneficia de estas contrataciones, más allá de su representante legal. Lo principal es fortalecer la transparencia y poder generar confianza pública en las contrataciones estatales, apostar por la transparencia, debe ser el camino para frenar los retrocesos en materia anticorrupción”, comentó María del Carmen Pelaéz, investigadora anticorrupción de Diálogos.
Yara Tobar, presidenta de Junta Directiva del Consejo Nacional Empresarial CNE destacó que la transparencia en las contrataciones públicas, mediante la ampliación del registro de proveedores, representa una oportunidad internacional: permite alinearse con los estándares del GAFI y la OCDE, lo cual incentiva la inversión extranjera y reduce riesgos de inclusión en listas negras o de paraísos fiscales.
“Exigimos a la CC resolver conforme a la ley, pues un marco sólido de transparencia financiera puede mejorar la calificación de riesgo país y reducir los costos de financiamiento público y privado, generando mayores oportunidades de inversión y desarrollo”, expresó Tobar de CNE.
Finalmente, Carlos Fernandes del Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos - CIIDH reflexionó: “mientras menos transparencia hay, más oportunidades tienen las redes corruptas para adueñarse de dinero público, la corrupción suele operar creando empresas fachadas o usando “prestanombres” o también conocidos como “testaferros”, para disfrazar a los verdaderos beneficiarios de contratos millonarios porque si las reglas están hechas para esconder a quién o quiénes están detrás de una empresa; individual o Sociedad anónima, que es contratada por el Estado “.
El Amicus Curiae presentado ofrece a la Corte argumentos técnicos y legales para tomar una decisión informada, justa y responsable. Las organizaciones firmantes reiteran que resolver esta acción de inconstitucionalidad con prontitud es vital para la transparencia, la competitividad del país y el cumplimiento de compromisos internacionales.
“La transparencia elimina la corrupción y abre la puerta a mayores oportunidades de desarrollo para Guatemala”, concluyeron.
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