Los efectos del cambio climático están haciendo estragos en buena parte del mundo, lo que se une, además, a la gran brecha de aseguramiento que presentan algunas regiones. Después de Asia, América Latina se posiciona en el segundo lugar de las regiones del mundo con mayor brecha de protección aseguradora. En la última década, ha registrado una brecha media del 81,0%, con tan solo el 19% de las pérdidas totales aseguradas, unos datos que contrastan con la región de América del Norte, que cuenta con la menor brecha de protección del mundo, con una media del 43,2% de pérdidas no cubiertas por los contratos de seguros, y que actualmente se enfrenta a ciclones tropicales, tormentas invernales e incendios forestales.
Estas son algunas de las conclusiones del informe ‘Cambio
Climático, Riesgos Extraordinarios y Políticas Públicas’, que ha
presentado MAPFRE Economics en el marco de la COP30, para analizar el
impacto creciente del cambio climático sobre los riesgos extraordinarios que
cubre la actividad aseguradora, especialmente en un contexto de intensificación
de fenómenos extremos y de ampliación de brecha de protección de los
desastres naturales.
Según la mayoría de los expertos, el calentamiento global
desempeña un papel determinante en la intensificación y frecuencia de los
eventos por catástrofes naturales relacionadas con el clima, y en
particular, en los llamados ‘riesgos secundarios’, sucesos climáticos de menor
intensidad y mayor frecuencia, como incendios forestales, sequías, olas de
calor, tormentas, fuertes vientos, inundaciones y nevadas, entre otros, que, en
el contexto actual de la actividad de seguros y reaseguros, causan impactos
cada vez mayores en términos de vidas humanas y pérdidas
económicas (representan más de la mitad de las pérdidas registradas), así
como con daños extraordinarios en infraestructuras y ecosistemas.
En la presentación participó Mónica
Zuleta, directora corporativa de Sostenibilidad de MAPFRE y Ricardo González,
director de Análisis, Estudios Sectoriales y Regulación de MAPFRE Economics,
quien comentó que
“las pérdidas aseguradas derivadas de fenómenos catastróficos han mostrado una
tendencia ascendente sostenida a largo plazo, situándose, según del Swiss RE
Institute, en un rango de crecimiento anual del 5% al 7% desde 1992”. En esta
línea, agregó que “aunque este incremento suele atribuirse al impacto del
cambio climático, también influyen otros factores como el crecimiento económico
y demográfico, la expansión de zonas vulnerables con sistemas de alertas
tempranas o planes de evacuación y prevención poco desarrollados, y el alza en
los valores inmobiliarios”.
El director de Análisis, Estudios
Sectoriales y Regulación de MAPFRE Economics, indicó, además, que “las pérdidas económicas por fenómenos meteorológicos y
climáticos extremos están aumentando y se prevé que sigan haciéndolo debido a
la mayor frecuencia y gravedad de las catástrofes causadas, entre otros
factores, por el calentamiento global”. Según apunta la investigación de
MAPFRE, en
2024, este tipo de catástrofes provocaron pérdidas
económicas que superaros los 300 millardos de dólares por novena vez
consecutiva, un 14% más, de los cuales cerca de 145 millardos de dólares
estaban asegurados.
En el caso de Guatemala, la
vulnerabilidad ante eventos hidrometeorológicos ya se refleja en cifras
concretas. Durante la temporada de lluvias 2025 se atendieron más de 33,900
emergencias asociadas a inundaciones, deslizamientos y otro tipo de fenómenos vinculados
al agua, que afectaron a departamentos como Alta Verapaz, Guatemala y
Suchitepéquez.
Además, según un informe del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicado en 2024,
los costos por pérdidas y daños derivados del cambio climático en Guatemala han
crecido de forma sostenida desde los años 80, lo que subraya la urgencia de
fortalecer mecanismos de aseguramiento, instrumentos paramétricos y estrategias
de reducción de riesgo en un país que aún tiene baja cobertura de seguros para
catástrofes.
Reducir la
brecha: un desafío de política pública
Cerrar la brecha de protección
aseguradora para los riesgos catastróficos es un reto que requiere la acción
coordinada de las entidades aseguradoras con todos los niveles de gobierno, ya
que, sin las medidas y mecanismos de protección y compensación necesarios, los
riesgos climáticos se convierten en no asegurables o inasequibles.
En este sentido, el informe destaca la
importancia del desarrollo de marcos de colaboración entre las administraciones
públicas y el sector asegurador para gestionar y compartir riesgos de desastres,
como por ejemplo a través de entidades que existen en países como España, como el
Consorcio de Compensación de Seguros, que indemniza siniestros extraordinarios.
También hace referencia a la importancia de promover incentivos para la
prevención y reducción de riesgos por fenómenos climáticos adversos, como los sistemas
de alertas tempranas, que proporcionan datos en tiempo real para estimar la
intensidad y trayectoria de tormentas, inundaciones, olas de calor o incendios
forestales; y a incrementar las medidas orientadas a ampliar la cobertura aseguradora,
como por ejemplo, a través de soluciones paramétricas, que ofrecen una
respuesta rápida y eficiente ante desastres climáticos al realizar pagos
automáticos basados en parámetros medibles y predefinidos, como la velocidad
del viento, la cantidad de lluvia o la intensidad de una sequía.
El papel de
MAPFRE
“El cambio climático representa uno
de los principales retos para la estabilidad social y económica y es un desafío
de primera magnitud para la actividad aseguradora, que debe ser un actor clave a
la hora de elevar los niveles de protección y bienestar de la sociedad”, señaló
Mónica Zuleta, directora corporativa de Sostenibilidad de MAPFRE.
MAPFRE desempeña un papel
fundamental en el establecimiento de objetivos y compromisos ambiciosos, como convertirse
en una compañía neutra en 2030 en todos los países y NetZero en 2050 en sus
carteras de seguros e inversión; promover la transición energética justa, con el
fin de acompañar a las empresas a que se transformen y sigan creando riqueza de
una manera cada vez más respetuosa con el medio ambiente; y desarrollar
soluciones innovadoras que apoyen la descarbonización y se adapten a las nuevas
exigencias climáticas, con coberturas para apoyar las energías renovables, la movilidad
eléctrica y la agricultura regenerativa, entre otras.
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