Las
sanciones de la Ley de Competencia generan dudas sobre cómo funcionará la nueva
Superintendencia en Guatemala, así como sobre los aspectos que deberá contener
el reglamento para su adecuada regulación. Bajo estas interrogantes se llevó a
cabo el seminario “Prevención de Sanciones Millonarias en la Ley de
Competencia: Casos Prácticos y Lecciones para Empresas en Guatemala”.
La
actividad contó con la participación del director de la Superintendencia,
Javier Bauer; así como con la experiencia de Mario Archila, quien abordó la
implementación de la ley en Guatemala y la relación entre el ejercicio de la
abogacía y la competencia. Además, Nicholas Virzi presentó la experiencia
estadounidense y europea en la materia.
Según
Mario Archila, analista y socio de Consortium Legal, la entidad reguladora
“debe establecer un umbral para definir si un caso es objeto de investigación
bajo dicha ley, ya que este no se especifica; sin embargo, considera que no
necesariamente todo debe estar contenido en el reglamento, el cual debe servir
como base y permitir el análisis por separado”.
Asimismo,
se contó con un panel de expertos conformado por Santiago del Río (Argentina),
Alexandra Espinoza y Fabricio Sánchez (Perú), y Federico Martínez (Paraguay),
quienes compartieron casos internacionales con implicaciones y lecciones para
Guatemala, que hasta hace menos de un año era el único país de Latinoamérica
que carecía de una ley de competencia.
La
Ley de Competencia entrará en vigor el 1 de enero de 2026, fecha para la cual
las empresas deberán estar preparadas a fin de evitar sanciones. A un año de la
aprobación del Decreto 32-2024, el país ha entrado en una nueva etapa económica
que dependerá de la correcta aplicación de su reglamento y legislación: una
normativa que redefine las reglas del mercado y promete transformar el
comportamiento empresarial en Guatemala.
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